Otro elemento crucial en México es el efecto en la confianza pública hacia las autoridades encargadas de la cumplimiento de la normativa, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Policía Federal de Caminos. Programas como el alcoholímetro en lugares de control obligatorios requieren de equipos verificados para su efectividad, y cualquier irregularidad podría erosionar la legitimidad de estas estrategias, que han evidenciado reducir hasta un 30% los incidentes viales en zonas urbanas, según reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por ello, la recalibración no es solo un servicio técnico, sino una responsabilidad ética y jurídica que asegura la equidad en la ejecución de sanciones, protegiendo tanto a los automovilistas sobrios como a la población en general de los peligros del consumo excesivo al volante.