Otro elemento esencial en México es el efecto en la confianza pública hacia las instituciones encargadas de la cumplimiento de la regulación, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Policía Federal de Caminos. Programas como el alcoholímetro en puntos de inspección obligatorios dependen de equipos verificados para su funcionamiento, y cualquier anomalía podría afectar la legitimidad de estas iniciativas, que han probado mitigar hasta un 30% los siniestros viales en regiones urbanas, según análisis de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por ello, la recalibración no es solo un procedimiento técnico, sino una deber ética y jurídica que asegura la justicia en la aplicación de sanciones, protegiendo tanto a los automovilistas sobrios como a la sociedad en general de los amenazas del ebriedad al volante.

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